En la República Popular Democrática de Corea la justicia es impartida por jueces, al igual que en muchos otros países del mundo, organizados en los tribunales populares de ciudad (que actúan a nivel municipal), los tribunales provinciales (o de las ciudades directamente subordinadas al gobierno central), el tribunal especial (dedicado a asuntos militares) y el Tribunal Supremo; y sus sentencias se dictan en nombre de la República Popular Democrática de Corea.

Estos tribunales, además, se componen por jueces “de carrera” y jueces legos, es decir, que no han estudiado las leyes. Cada tribunal estará compuesto por un juez y dos jueces legos. En el caso de los tribunales ordinarios, los jueces son elegidos por periodos de cuatro años, que deben coincidir con el mandato de las asambleas populares correspondientes.

Igualmente coincide el mandato del presidente del Tribunal Supremo con el de la Asamblea Popular Suprema. Por su parte, los jueces del tribunal especial son nombrados y destituidos por el Tribunal Supremo, mientras que los jueces legos del mismo son elegidos por los militares y trabajadores.

Entre otras cosas, los tribunales se encargan de proteger la legalidad y los derechos constitucionales del pueblo, así como de realizar funciones notariales. Los juicios deben ser públicos y los acusados tienen asegurado el derecho de defensa, aunque en ocasiones es posible que haya juicios que se celebren a puerta cerrada si así lo prevé la ley. Además, los tribunales deben ser independientes impartiendo justicia y están sometidos al imperio de la ley, administrándose la justicia en coreano, aunque se permite que los extranjeros puedan utilizar su idioma materno.

El Tribunal Supremo actúa como órgano judicial supremo de la RPDC e inspecciona las actividades judiciales de los demás tribunales. Este órgano responde ante la Asamblea Popular Suprema. Actualmente, el presidente del Tribunal Supremo de la RPDC es Pak Myong Chol. Junto a los jueces, la Fiscalía también es muy importante a la hora de impartir justicia. Entre sus funciones es posible destacar el velar por que los organismos, empresas, organizaciones y ciudadanos observen las leyes del Estado; velar por que las resoluciones y directivas de los organismos estatales no contravengan la Constitución, leyes u otras normas, así como la defensa del poder y del régimen socialista en la RPDC; proteger los bienes del Estado, los derechos constitucionales y detener a los infractores de la ley y analizar su responsabilidad ante ésta.

Las labores fiscales las realizan la Fiscalía Suprema, las fiscalías provinciales, de ciudad y distrito y la fiscalía especial. Los fiscales son nombrados o revocados por la Fiscalía Suprema y se organizan conforme al principio de jerarquía y unidad de actuación, de manera que todas las fiscalías se subordinan a las superiores y, en  última instancia, a la Fiscalía Suprema, cuyo presidente es Jans Pyong Gyu.

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